POLICIALES Mercedes: tres mujeres y un hombre sentenciados por explotación sexual  Ayer, la Justicia Federal de Corrientes sentenció a tres mujeres y un hombre por haber cometido delito de trata de personas que sufrieron unas 21 ciudadanas, en prostíbulos de la localidad correntina de Mercedes. Una de las sentenciadas vio agravada su pena porque obligó a ejercer la prostitución a una adolescente. El juicio fue por casos que se conocieron en el 2014, cuando la red fue desbaratada en un operativo de Gendarmería. Tres mujeres y un hombre fueron sentenciados a prisión por haber explotado a un total de 21 víctimas. Las penas van de ocho a diez años de cárcel.
Se indicó que, además, el juicio tuvo como algo inédito que, en los alegatos, desde el Ministerio Público Fiscal se solicitó que sea considerado como agravante “el contexto generado para ejercer violencia de género sobre las víctimas”, solicitud que no tendría antecedentes en los juicios de tratas de personas.
“Tango”, “Casanova” y “Caprichos”, eran los locales que los acusados, con distintos roles en la organización, utilizaban para poder explotar a mujeres de distintas nacionalidades. Además de argentinas, se pudo saber que hubo víctimas brasileñas, paraguayas y dominicanas, todas en situación de vulnerabilidad, lo cual fue aprovechado por los criminales para poder obligarlas a que sean explotadas sexualmente. “Las damnificadas debían garantizar ingresos económicos a los dueños de los locales”, se sostuvo.
De esta manera, María Yolanda Casco, Sandra Beatriz Cerri y el esposo de esta última, Ismael Piñeiro, fueron sentenciados a ocho años de prisión. Mientras que Claudette Krewer Ramos sufrió la pena de diez años, por haber prostituido a una adolescente. Durante el debate se indicó que incluso, entre las víctimas, se encontraba una sobrina de la propia Krewer Ramos.
Asimismo fue absuelta de culpa y cargo, Miriam C., ya que el tribunal consideró que carecía de responsabilidad por los crímenes.
Más allá que los tratantes, que actuaron de manera organizada, fueron sentenciados, no se descarta que el caso pueda tener sus ramificaciones y pueda develarse más detalles. En ese contexto, el fiscal Carlos Schaefer pidió que se investigue a los funcionarios municipales que se encargaron de permitir el funcionamiento de los mencionados locales. Para el representante del Ministerio Público quedó expuesta la existencia de “violencia física y simbólica de manera permanente, manifestada en la comercialización de sus cuerpos y estigmatización mercantil de las víctimas para extraer dinero de su sexualidad”.
El caso
Tal vez sea una ironía que todo se conoció a través de una serie de allanamientos que fueron llevados adelante por el exfiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, quien justamente se encuentra procesado por estar acusado de haber brindado protección a bandas de tratantes en la localidad fronteriza.A propósito del caso Benito Pont, su alejamiento de la función pública permitió grandes avances en las causas de tratas de personas en su jurisdicción (ver aparte).
Por el 2014, efectivos de Gendarmería llevaron adelante una serie de allanamientos en contra de “Casanova”, “Tango” y “Capricho”.
Según detalló en su momento el exfiscal procesado, en el primer local mencionado se encontraron cuatro víctimas, “una de ellas de nacionalidad dominicana y tres argentinas; allí se procedió a la detención de la mujer responsable del lugar, identificada como María Yolanda Casco”.
El segundo local nocturno allanado por los gendarmes, “Tango”, contaba con la mayor cantidad de víctimas de trata de personas. “Allí se rescató a 10 mujeres, dos de ellas dominicanas, una paraguaya y siete argentinas. Además, se detuvo a Sandra Beatriz Cerri e Ismael Piñeiro”.
Finalmente, en “Capricho”, cuatro mujeres ejercían la prostitución, tres argentinas (entre las que estaba la menor de edad) y una de ellas brasileña, que fueron halladas por los efectivos de Gendarmería, que también detuvieron al propietario del local, Juan Carlos Ojeda.
Debe señalarse que muchas de las víctimas de trata eran madres, por lo que se veían obligadas a ejercer la prostitución para intentar hacer frente a sus necesidades familiares.
Asimismo se indicó que las mujeres debían cambiar su identidad, lo que trae consigo un atentado hacia la identidad. “Llegan vulnerables y se aumenta la fragilidad porque les ponen nombres de fantasía para ocultar su verdadera identidad, y separan así el cuerpo del alma, para que no recuerden lo vivido o porque la familia no sabe en qué situación se encuentran” se sostuvo durante el debate.
Denuncia
Ante el caso expuesto, debe recordarse a la comunidad que existe la línea telefónica gratuita 145, en la que se podrá exponer de manera anónima casos referidos a explotación de personas.
Jueves, 10 de mayo de 2018
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