CATALUÑA El ex presidente catalán reivindica la consulta secesionista ante los tribunales 
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"La iniciativa política fue mía, como presidente de Cataluña, y quiero dejar claro que los demás integrantes del gobierno seguían mis directivas", aseguró Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en el marco del juicio en el que también están imputadas su ex vicepresidenta, Joana Ortega, y la ex consejera de Educación, Irene Rigau.
Asimismo, Mas remarco que la consulta tenía "raíces clara y estrictamente democráticas", ya que el objetivo era "conocer la opinión de la gente de Cataluña", y que por ese motivo "no entiende el recurso que presentó el gobierno español ante el Tribunal Constitucional".
"Dijimos que era un proceso participativo y que no tenía consecuencias legales", añadió el ex presidente, quien luego de asumir la responsabilidad dijo que nadie le advirtió de las consecuencias de la prohibición del TC y que fueron "voluntarios" los que la ejecutaron la consulta.
El juicio tiene lugar coincidiendo con una nueva escalada en el conflicto entre Cataluña y España ante el plan del actual gobierno catalán de Carles Puigdemont de celebrar un referéndum unilateral sobre la independencia de la norteña región en septiembre de este año, algo que el Ejecutivo español de Mariano Rajoy asegura que impedirá por ilegal.
Se trata del primer proceso judicial relacionado con el desafío secesionista catalán y es, según los independentistas, un intento vano de Madrid por frenar por la vía judicial un movimiento "imparable" hacia la ruptura.
"Hoy muchos nos sentimos juzgados", afirmó Puigdemont, en un breve discurso desde la sede del gobierno regional minutos antes de partir a pie hacia los tribunales junto con los acusados y un grupo de unos 200 manifestantes.
Mas, Ortega y Rigau afrontan pedidos de diez y de nueve años de inhabilitación respectivamente por un delito de desobediencia grave y prevaricato -dictar una resolución arbitraria a sabiendas- al haber organizado y permitido la celebración de la consulta simbólica secesionista del 9 de noviembre de 2014, pese a que el TC la había prohibido.
La vista oral comenzó con retraso, ya que los acusados llegaron media hora tarde tras darse un baño de masas frente a la sede del tribunal, donde unas 40.000 personas se concentraron conformando un mar de esteladas (banderas independentistas), para recibirlos al grito de "independencia".
Una gran pancarta con el lema "Love Democracy" (Amamos la democracia), colgaba del Arco de Triunfo de Barcelona, por donde Mas, Ortega y Rigau pasaron caminando junto a otros dirigentes.
"Democracia no es un crimen", "9N Somos todos (#9NSOMTOTS)", fueron algunas otras de las consignas que desplegaron los manifestantes, entre los que predominaban las personas mayores, aunque también acudieron algunas de mediana edad y jóvenes.
Al tiempo que los partidarios de la independencia apoyaban a sus dirigentes que se sentaban en el banquillo de los acusados, el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, aseguró que lo que está ocurriendo en las calles de Barcelona era "impropio".
"No es propio de una democracia, la democracia es el respeto a la instituciones y lo que se hace hoy no es respetar al poder judicial", dijo Catalán en declaraciones a la radio COPE.
La visión que tienen las dos partes en conflicto es claramente contrapuesta: por un lado, Madrid considera que los dirigentes independentistas está actuando contra la ley; por el otro, el gobierno catalán, de mayoría independentista, asegura que recibió el mandato de las urnas y, por lo tanto, tiene legitimidad democrática para avanzar hacia la secesión.
Es por ello que sostienen que el proceso contra Mas, Ortega y Rigau es un "juicio político" y denuncian al Ejecutivo español de "judicializar" un conflicto al que debe dar una salida "dialogada".
"Es increíble que en Europa, en el siglo XXI, se esté juzgando a unas personas por preguntar a los ciudadanos su opinión, por poner unas urnas", denunció ante Telam Elisendra Soun, una manifestante de 47 años, que acudió a respaldar a los acusados.
"La sensación es de indignación. El gobierno de España nos trata de una forma en la que nos sentimos ahogados, atrapados. Es inaudito que se quiera juzgar a quienes dejaron al pueblo manifestarse", apuntó por su parte Clotilde Augé, de 73 años.
En tanto, Alex, un joven de 18 años, remarcó que "el estado español está teniendo un gesto desesperado" pero este será "un punto de inflexión", ya que los catalanes "no daremos un paso atrás porque estamos comprometidos con el proceso de independencia".
Al concluir la primera jornada, Mas y el resto de acusados partieron de los tribunales entre gritos de "No están solos" y "ni un paso atrás".
La consulta del 9 de noviembre de 2014 fue un compromiso de Mas con las organizaciones independentistas luego de las multitudinarias manifestaciones que se celebraron en Barcelona dos años antes a favor de un Estado independiente en medio de un gran malestar social por la crisis económica que padecía España.
En un artículo de opinión conjunto publicado este lunes en varios diarios catalanes, Mas, Ortega y Rigau sostienen que aspiran a una sentencia absolutoria aunque advierten de que una posible condena no acabará con sus ideas: "Cada día, allí donde estemos reafirmaremos los valores que tienen que perfilar una democracia europea del siglo XXI".
Recuerdan experiencias como las del Reino Unido y Canadá, que permitieron referéndums en Escocia y Quebec, y advierten al Ejecutivo del Partido Popular (PP) que no podrá "borrar la imagen de largas colas de familias "esperando ordenadamente para ejercer el derecho democrático de votar" que se vivió el 9N.
Lunes, 6 de febrero de 2017
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