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ALLANAMIENTO Y DESALOJO EN LA SEDE GREMIAL En Corrientes, cayó el último bastión del Somu  Funcionarios judiciales con apoyo de Gendarmería ocuparon el lugar de la calle Caá Guazú. La intervención al gremio era resistida en la Capital correntina. La disputa por los fondos de obras sociales y otras acusaciones. El último bastión que resistía la intervención al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), que era la capital de Corrientes, cayó ayer al ser desalojados sus representantes laborales por funcionarios judiciales apoyados por fuerzas de la Gendarmería. El operativo fue realizado ayer cerca del mediodía, con el corte del tránsito frente al local sindical y el allanamiento y desalojo posterior.
Por fuera, los trabajadores y afiliados que se acercaron al edificio siguieron las instancias del procedimiento. Desde principios de junio, los integrantes del sindicato local decidieron resistir la intervención dispuesta por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
La intervención del Somu fue ordenada el 18 de febrero pasado por el juez Canicoba Corral, quien investiga a la cúpula del gremio, sobre todo a su secretario general, el correntino Omar "Caballo" Suárez, por bloquear los puertos, extorsionar a empresarios y por una serie de maniobras supuestamente ilícita.
Funcionarios judiciales junto a gendarmes desalojaron en horas de la siesta la sede de la seccional Corrientes del Somu para concretar su intervención, dispuesta por el juez Canicoba Corral, en el marco de una causa abierta contra el ex titular nacional del gremio, Omar "Caballo" Suárez.
A fines de junio, luego de su nombramiento como única interventora por parte del juez Canicoba Corral, la diputada nacional del PRO, Gladys González, había asegurado: "Se inicia una etapa de mayor celeridad, podremos avanzar sin obstáculos en el ordenamiento administrativo, la incorporación de procesos para dar mayor transparencia y mejorar servicios, para finalmente normalizar el llamando a elecciones democráticas para devolverle el gremio a los trabajadores, terminando con la mafia que se enriqueció a costa de sus afiliados".
Sobre el trasfondo de este hecho, cabe mencionar que el Gobierno nacional tomó una decisión con respecto a un fondo en el que se acumularon casi 29.500 millones de pesos, provenientes de parte de los aportes para el sistema de obras sociales. La puesta a disposición de los recursos es una de las medidas con impacto en el sistema de salud que anunció el presidente Mauricio Macri.
Estos casi 29.500 millones de pesos, según las autoridades del Ministerio de Salud, se acumularon a partir de 2002. Son recursos que provienen de los aportes y contribuciones hechos al sistema de salud por los trabajadores y las empresas empleadoras.
Los gremialistas intervenidos denunciaron en su momento a la interventora Gladys González por cobrar 59 mil pesos por sus funciones de interventora, además de mantener su remuneración como diputada.
Tampoco se salvó el propio juez Canicoba Coral: dicen que nombró a su propio cuñado al frente de la Obra Social del Somu (que recibirá la cuota parte de aquella ingente suma).
Miércoles, 10 de agosto de 2016
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