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CRISIS EN BRASIL Brasil: la crisis, otro castigo a los presos por corrupción  RÍO DE JANEIRO.- Los ricos y poderosos acusados de corrupción en Brasil empezaron ahora a sentir también el impacto de la crisis económica en el país.
Al igual que varios de los políticos y empresarios detenidos por el escándalo de sobornos de Petrobras, el ejecutivo de la construcción Fernando Cavendish, detenido el sábado pasado por un esquema de desvío de fondos públicos en Río de Janeiro, pensaba que pronto quedaría en libertad condicional y con arresto domiciliario gracias al uso de una tobillera electrónica de monitoreo. Pero la abultada deuda que mantiene la Secretaría Estatal de Administración Penitenciaria con la compañía proveedora de esos dispositivos llevó a que la empresa se negara a entregar más equipos y Cavendish quedó tras las rejas.
Según la firma Spacecom, que posee el 90% de las licitaciones de tobilleras electrónicas en todo Brasil, el estado de Río de Janeiro le debe 850.000 dólares desde hace más de un año, y hasta que las autoridades locales no se pongan en regla no les volverá a proporcionar más aparatos. De los 19 estados que utilizan esa tecnología, Pernambuco y Goiás también están con pagos atrasados, mientras que San Pablo, que tiene la mayor cantidad de personas controladas con tobilleras electrónicas -4200 de un total nacional de 19.000-, suspendió esta opción de monitoreo tres meses atrás.
"La falta de recursos llevó a que el estado de San Pablo no pudiera realizar una nueva licitación de esos equipos y se volvió un grave problema. Ahora los jueces no cuentan con esta alternativa para la prisión preventiva y hay más detenidos en los presidios de los que podrían estar mientras aguardan su juicio", explicó a LA NACION Adriana Nunes Martorelli, presidenta de la Comisión Criminal y Penitenciaria de la Orden de Abogados de Brasil y vicepresidenta del Consejo Penitenciario del estado de San Pablo.
La situación ya era bastante complicada en las cárceles brasileñas, notorias por su sobrepoblación. De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Justicia, en Brasil hay 711.463 presos (40% de ellos sin condena), la tercera entre las mayores poblaciones carcelarias a nivel mundial, después de Estados Unidos y China. Una enorme parte de esos reclusos corresponden a personas negras y pobres, cada vez más detenidas por narcotráfico -aunque en muchísimos casos son apenas consumidores de drogas-, crimen al cual no se aplica el régimen semiabierto de prisión o arresto domiciliario.
Desde que el uso de tobilleras electrónicas fue aprobado, en 2010, quienes sí se han visto beneficiados por el régimen semiabierto han sido los "criminales de cuello blanco", acusados de delitos financieros o corrupción. Y con el inicio, en 2014, de la operación Lava Jato, la investigación judicial que busca desentrañar la multimillonaria red de coimas y desvíos en Petrobras, se ha vuelto muy común ver detenidos que lucen esos equipos que son liberados condicionalmente luego de lograr acuerdos de delación premiada con la justicia a cambio de brindar más detalles del esquema.
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De las 160 prisiones decretadas por el juez Sergio Moro, de Curitiba, quien lleva adelante el caso del petrolão, 73 han sido preventivas. Varios ex directivos de la empresa estatal usan tobilleras después de aportar datos a la Policía Federal y acusar a políticos beneficiados por la red de corrupción, la mayoría de ellos pertenecientes al Partido de los Trabajadores (PT), de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del actual mandatario interino, el ex vicepresidente Michel Temer .
Con sede en la misma Curitiba, no es coincidencia que Spacecom, una de las cuatro empresas que distribuyen tobilleras electrónicas en Brasil, haya visto crecer su negocio en casi un 300% desde 2011.
De acuerdo con el ex presidente del Departamento Nacional Penitenciario Renato De Vitto, las tobilleras electrónicas están recomendadas para detenidos con antecedentes de agresiones físicas que deben ser monitoreados con estos dispositivos de geolocalización, para los reincidentes de crímenes leves o para criminales de peligrosidad media.
"El uso para «criminales de cuello blanco» no es lo que recomienda la literatura, porque ese tipo de delitos financieros no puede ser evitado con la geolocalización del preso. En la Lava Jato se usa más como algo simbólico, para demostrar que el condenado está suelto pero no impune y como una reducción de daños", señaló De Vitto al diario O Globo.
Ahora, sin embargo, la falta de tobilleras electrónicas se ha vuelto otro símbolo en Brasil: el de la grave crisis económica del gigante sudamericano.
Miércoles, 6 de julio de 2016
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