CAUSA HOTESUR El juez Julián Ercolini dispuso un megaperitaje contable en los hoteles de Cristina Kirchner  En el marco de la causa Hotesur, quiere saber los ingresos que los establecimientos de la familia Kirchner recibieron de empresas de Lázaro Báez y si están justificados. Ordenó que el trabajo se haga en un mes. El juez federal Julián Ercolini ordenó un megaperitaje contable en la causa Hotesur, en la que se investiga a la ex presidente Cristina Kirchner y su familia y al empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero en los emprendimientos hoteleres de la familia de la ex primera mandataria.
Se trata de un trabajo de 33 puntos que el magistrado le encomendó al Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que quiere que esté terminado en 30 días como plazo máximo. Para eso, Ercolini le solicitó a los peritos que se reúnan al menos tres veces por semana durante cinco horas por día, informaron a Infobae fuentes judiciales.
El magistrado recibió la causa la semana pasada y busca "imprimirle celeridad al trámite".
La base del peritaje contable es conocer los ingresos que los hoteles de la ex presidente recibieron de parte de las empresas de Báez, si están justificados en base a las habitaciones ocupadas y los gastos que tuvo, y si todo eso quedó asentado legalmente en sus registros.
En la causa -abierta en 2014 y que ya va por su tercer juez– se investiga si los hoteles de los Kirchner cobraron por habitaciones que nunca fueron ocupadas pero sí pagadas por las empresas de Báez, el principal beneficiario de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo y que hace un mes está preso por lavado de dinero en otra causa que lleva el juez Sebastián Casanello.
La sospecha es que parte de los fondos de la obra pública que los Kirchner le asignaron a Báez volvían a la familia presidencial con el pago de las habitaciones nunca ocupadas.
Hotesur SA es presidida por Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner y sobrina de Cristina Kirchner, y se encarga de la administración del Hotel Alto Calafate. Pero esa tarea pasó a manos de Báez a través de Valle Mitre SA primero y luego, a partir del 2013, de IDEA SA. Esas empresas tuvieron la administración de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, los tres de los Kirchner.
Qué busca el juez en el peritaje contable
En primer lugar, Ercolini quiere determinar todos los pagos que Valle Mitre SA hizo a favor de Hotesur SA y/o otras personas físicas o jurídicas en concepto de cánones locativos (únicos o mensuales) por el Hotel Alto Calafate, la hosteria Las Dunas o de cualquier otro hotel, o en cualquier otro concepto vinculado con derechos de explotación del mismo -el cual deberá ser identificado-, a partir del año 2008. Lo mismo respecto de IDEA SA desde el 2013.
Segundo, determinar si Valle Mitre SA e IDEA SA poseían capacidad económica y financiera para afrontar, al momento de las respectivas contrataciones, los cánones locativos estipulados a favor de Hotesur SA. También si las empresas tenían estructura organizativa suficiente para llevar adelante la explotación comercial en cuanto a cantidad de personal, su especialización, instalaciones o experiencia en el rubro.
Tercero, determinar la totalidad de pagos que Valle Mitre SA recibió de otras empresas de Báez como Austral Construcciones SA, Badial SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Alucom Austral SRL, La Estación SA. y Don Francisco SA por alquiler de habitaciones en el Hotel Alto Calafate y si es posible identificar a las personas que utilizaron las habitaciones.
En cuarto lugar, determinar si empleados de esas compañías de Báez a partir de 2008 se alojaron en el Hotel Alto Calafate. También, determinar en términos porcentuales el nivel de ocupación, sobre su capacidad total, que tuviera el Hotel Alto Calafate, la hostería Los Sauces y Las Dunas, en los distintos años de su explotación.
También, determinar si los gastos operativos del Hotel Alto Calafate, como por ejemplo los de telefonía, insumos de tocador, lavandería, tintorería, alimentos, entre otras variables como podría ser también la cantidad de personal afectado a su funcionamiento, resulta concordante con la cantidad de habitaciones que figuran ocupadas. También, cuánto facturó el hotel a sus clientes en concepto de telefonía, lavandería, heatlh club, restaurante y bar, comparándose con la cantidad de habitaciones que figuran ocupadas y se determine si resulta concordante. Y la cantidad de empleados de Hotesur SA a partir del 2008.
Por último, quiere saber si la totalidad de las ganancias están incluidas en las declaraciones juradas impositivas de Hotesur SA y de sus socios, como así en las declaraciones juradas administrativas de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner en razón de los cargos públicos que tuvieron.
La causa
La causa Hotesur se inició en 2014 por una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer y el primer juez que la tuvo fue Bonadio hasta que fue apartado en julio del año pasado por la Cámara Federal. Bonadio había ordenado una treintena de procedimientos judiciales en el sur del país en los que se secuestraron 200 cajas de documentación.
Esa documentación quedó resguarda en Departamento de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina y a cargo de Daniel Rafecas, el juez sorteado tras el apartamiento de Bonadio. Rafecas no movió el expediente durante los nueve meses que la tuvo, lo que le valió duras críticas. El fiscal Carlos Stornelli le había pedido al juez el peritaje contable en diciembre pasado.
Rafecas se declaró incompetente de seguir interviniendo y le pasó el expediente a Ercolini porque tenía una causa desde 2008 en la que se investigaban hechos similares. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal.
El nuevo juez ordenó un "amplio peritaje" a cargo del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte.
El trabajo se hará con la documentación secuestrada y con informes adicionales que el magistrado le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la ANSES sobre las empresas investigadas.
También delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita y le envió un oficio a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en el que le recomendó crear un equipo especial de fiscales para que lleven adelante la causa.
Domingo, 8 de mayo de 2016
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